Cuando vemos escenas vinculadas a la corrupción, o que sugieren corrupción, nos afecta profundamente a todos. Nos recuerda que, a pesar del esfuerzo de millones de personas, siempre parece haber quienes abusan de la confianza y la fe colectiva.
El caso del senador Kueider en estos días es un ejemplo que genera frustración, pero también nos obliga a reflexionar con seriedad. Construir una democracia sólida exige mucho más que indignación o reacciones impulsivas. Necesitamos reglas claras, estables y justas que castiguen a los corruptos, pero que también protejan a los inocentes de abusos o maniobras políticas.
No podemos permitir que la justicia sea usada como una herramienta partidaria, dependiendo de la denuncia más estridente o del interés de reemplazar a una persona por conveniencia política. Proponer la remoción de legisladores sin condena firme no es transparencia; es abrir la puerta al oportunismo y debilitar el principio de inocencia, que es la base de nuestras garantías constitucionales.
El verdadero cambio no se logra con atajos ni con espectáculos, sino con instituciones sólidas que actúen con rigor y equilibrio. Terminar con la corrupción no es solo cuestión de leyes, sino de acabar con la impunidad de manera sostenida en el tiempo.
Porque cuando la justicia es confiable y firme, la ciudadanía sabe que, tarde o temprano, quien se desvíe del camino rendirá cuentas. Solo así lograremos restaurar la confianza en el esfuerzo individual y colectivo, que es el verdadero motor de una sociedad democrática.
